El Poder Ejecutivo Nacional modificó la normativa central del sistema de riesgos del trabajo, una decisión que pegará directamente en el cálculo de las indemnizaciones que reciben los trabajadores por accidentes o enfermedades laborales. A través del Decreto 549/2025, se aprobó una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Baremo Laboral).
Esta nueva tabla sustituye a la que estaba vigente desde 1996 y establece los porcentajes de incapacidad que luego se utilizan para determinar el monto de la reparación económica. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei, fue aprobada tras la intervención del Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (CCP).
Vigencia y aplicación
El decreto indica que la nueva tabla entrará en vigencia a los 180 días corridos desde su publicación, es decir, a partir de febrero de 2026. Se aplicará a toda valoración de incapacidad laboral que no haya sido dictada hasta ese momento, tanto en sede administrativa como judicial.
Objetivo: unificar criterios
Fundamenta la modificación en la necesidad de actualizar los criterios de evaluación en línea con los avances tecnológicos y científicos. Se busca «garantizar la objetividad y precisión en la valoración del daño sufrido por el trabajador, con un criterio uniforme y racional».
La nueva normativa faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a dictar las normas complementarias para su implementación y a ejecutar planes de formación para los Cuerpos Médicos Forenses y Peritos Médicos Oficiales.
Además, el decreto invita a las provincias a crear o integrar estos cuerpos médicos para que la valoración del daño psicofísico se realice de manera homogénea en todo el país.
Según el texto, el objetivo es reducir la discrecionalidad y la litigiosidad, aunque desde los gremios se mira con atención cómo estos nuevos porcentajes afectarán el bolsillo del trabajador accidentado.
La advertencia de los sindicatos
La preocupación principal de los sindicatos es que, con la excusa de «modernizar» y «unificar criterios», el Gobierno y las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) impulsen una nueva tabla que asigne porcentajes más bajos a las lesiones más frecuentes.
En la práctica, sería un recorte directo en el monto de las indemnizaciones que cobran los trabajadores accidentados, beneficiando a las empresas y a las aseguradoras.
Por eso, aunque el Gobierno hable de «objetividad», desde el mundo del trabajo se mira con desconfianza, porque cambiar la tabla es cambiar la regla de cálculo, y eso casi siempre significa cambiar el monto que el trabajador recibe en su bolsillo.
