El gobierno provincial otorgó nueve permisos de perforación en la Subcuenca El Carrizal, zona declarada restringida por su vulnerabilidad hídrica y afectada por pasivos ambientales.
Los pozos fueron adjudicados a empresas vinculadas con grandes intereses económicos, como Cresud (Eduardo Elsztain), Chimpay La Rioja (propiedad de la china Young Woo) y otros emprendimientos agrícolas e inmobiliarios.
En una provincia con clima árido y semiárido, el acceso al agua es un recurso estratégico. Históricamente, las comunidades dependieron del deshielo cordillerano y sistemas ancestrales de riego. Hoy, sin embargo, se profundiza una crisis que pone en riesgo tanto a los ecosistemas como a las poblaciones locales que dependen del agua subterránea.
Organizaciones sociales denuncian una sobreexplotación de los acuíferos, especialmente en zonas como Luján de Cuyo. Marcelo Giraud, referente de las Asambleas por el Agua de Mendoza, advierte que “la perforación de pozos profundos con gran capacidad de extracción está agotando recursos hídricos esenciales”.
El Departamento General de Irrigación (DGI), encargado de administrar el recurso, modificó su composición política: todos los miembros del Tribunal Administrativo responden actualmente al gobernador radical Alfredo Cornejo, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en la gestión del agua.
La autorización de extracciones en zonas críticas no solo incrementa el valor inmobiliario e industrial de las tierras, sino que afecta a comunidades ya golpeadas por la escasez de agua. Este contexto se agrava con el impulso del Proyecto Minero San Jorge, promovido por el holding suizo Solway, empresa con antecedentes internacionales de contaminación y conflictos sociales.
A menos de un mes de la audiencia pública del proyecto, un informe técnico del geólogo José María Cortés —investigador del CONICET— cuestionó “errores graves” en los estudios hidrogeológicos presentados por la empresa. Su análisis indica que las subcuencas afectadas están interconectadas, lo que implicaría que una posible contaminación podría alcanzar el río Mendoza, principal fuente de agua superficial de la provincia.
El documento desmonta varios supuestos del Estudio de Impacto Ambiental oficial, entre ellos mapas con divisorias inexistentes, delimitaciones arbitrarias y el uso incorrecto de métodos electromagnéticos. Cortés también critica el modelo hidrogeológico propuesto por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), al que acusa de inconsistencias metodológicas.
Además, refuta la afirmación de que las cuencas de Yalguaraz y Uspallata están desconectadas, mostrando evidencia de fallas geológicas que permiten la circulación de fluidos entre ambas.
El informe concluye que el impacto del proyecto podría llegar al río Mendoza, afectando a miles de personas. Por eso, llama a una evaluación independiente y multidisciplinaria antes de avanzar con el proyecto. Frente a la audiencia oficial convocada en un lugar remoto y de difícil acceso, organizaciones locales realizarán una audiencia alternativa en Uspallata, reclamando participación real en decisiones que afectan su futuro.
