El Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que, tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto entre ambas jurisdicciones y el inicio de los giros parciales de fondos por parte del Gobierno nacional, se han dispuesto nuevas medidas en materia previsional.
El gobernador Martín Llaryora anunció: “He tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba perciba menos de $700.000. Además, vamos a abonar un bono bimestral de $100.000 a quienes cobren hasta $1.300.000. Esta decisión se mantendrá mientras continúe la recepción de estos fondos”.
Asimismo, el mandatario provincial agradeció el acompañamiento de los legisladores nacionales y de la sociedad cordobesa en este reclamo, y reafirmó: “Nunca vamos a dejar de defender los intereses de los cordobeses cada vez que sean vulnerados”.
El conflicto entre la Provincia de Córdoba y el Estado nacional se remonta a 1996, año en que la provincia resolvió no transferir su sistema previsional a la Nación. Desde entonces, el Gobierno nacional tiene la obligación de compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones, conforme lo establece la Ley 27.260.
Ante la falta de avances, el Gobierno provincial acudió a la Corte Suprema, que en abril convocó a una audiencia de conciliación. En dicha instancia, Nación reconoció la existencia de una deuda y propuso un envío parcial de $60.000 millones a cuenta del ejercicio 2025, pagaderos en 12 cuotas de $5.000 millones. La Provincia aceptó el acuerdo como un “alivio parcial”, sin desistir del reclamo principal.
