La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, profundizó la crisis política generada por la filtración de audios que comprometen a Karina Milei al denunciar que “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” estarían detrás de la maniobra. En declaraciones radiales, sostuvo que la grabación ilegal realizada en la Casa Rosada constituye una “impresionante operación de inteligencia” con el objetivo de desestabilizar al Gobierno y generar impacto económico. Incluso sugirió que podría haber participación de Venezuela, enmarcando el episodio en una ofensiva mayor contra la gestión libertaria.
La denuncia de Bullrich se suma al accionar judicial que ya impulsa el oficialismo contra periodistas y medios de comunicación. Con aval de una medida cautelar, el Gobierno logró prohibir la publicación de nuevos audios y ahora avanza con pedidos de allanamiento e incautación de material periodístico. Organizaciones de prensa denunciaron estas acciones como un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de instaurar censura previa, alertando sobre el retroceso que implica perseguir a quienes difunden información de interés público.
Lejos de dar respuestas sobre el trasfondo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, el Gobierno insiste en un discurso de conspiración internacional y persecución interna. La estrategia de victimización y la ofensiva contra los medios refuerzan el carácter autoritario de la gestión, que se muestra más dispuesta a castigar al mensajero que a esclarecer hechos de enorme gravedad institucional. Con el paso de los días, el escándalo se convirtió en un termómetro del rumbo político del oficialismo y de su relación con la libertad de expresión.
