La medida, presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no solo obliga al Gobierno a retrotraer la decisión sino que además impone una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento, un castigo económico inédito que refleja la desconfianza del Poder Judicial en la capacidad del Ejecutivo de acatar sus resoluciones.
El conflicto comenzó cuando, pese a la cautelar vigente y al rechazo definitivo del DNU en el Senado, el Ministerio de Economía avanzó con la Resolución 1240, que habilitaba los despidos encubiertos bajo la figura de “pase a disponibilidad”.
La jugada se dio en paralelo a la ofensiva del Ministerio de Desregulación, dirigido por Federico Sturzenegger, que buscaba desarmar organismos descentralizados y reducir el personal en áreas clave de la administración pública. Finalmente, la estrategia no solo fue declarada ilegal sino que se convirtió en un boomerang político y judicial.
