La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) intimó judicialmente al vocero presidencial, Manuel Adorni, por considerar que incurrió en calumnias e injurias durante su conferencia de prensa del 18 de julio en Casa Rosada. En esa oportunidad, el funcionario sostuvo que la entidad cobraba derechos de autor de manera abusiva y que los fondos quedaban en manos de sus directivos. Según SADAIC, esas afirmaciones fueron “falsas, infundadas y gravemente difamatorias”, y exigieron una retractación pública en un plazo de cinco días hábiles.
La carta documento enviada a Adorni fue firmada por integrantes del directorio, entre ellos Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez y Víctor Yunes, quienes expresaron su preocupación por el impacto de las declaraciones en la imagen institucional, tanto en el plano nacional como internacional. La entidad advirtió que, de no recibir una rectificación, iniciará acciones penales y civiles por los delitos de calumnias, injurias y falsa imputación de administración fraudulenta, según lo establecido en los artículos 109, 110 y 173 del Código Penal.
En un comunicado oficial, SADAIC afirmó: “La música tiene valor y tiene dueño”, al tiempo que defendió su funcionamiento bajo el marco de la Ley 17.648 y la existencia de mecanismos de control y transparencia auditados regularmente. El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno nacional y las entidades que gestionan derechos de autor, que comenzó con la promulgación del Decreto 765/24, el cual excluyó del pago de derechos a las reproducciones en ámbitos privados, y continuó con el Decreto 138/25, que obliga a los autores a negociar individualmente sus derechos con grandes corporaciones.
Desde SADAIC consideran que este nuevo esquema desprotege a los creadores y favorece la concentración de poder en las plataformas multinacionales. Aseguran que la normativa vigente debilita la gestión colectiva y legitima el uso gratuito de obras protegidas, afectando la propiedad intelectual como derecho constitucional. Por ahora, el Gobierno no respondió de manera oficial a la intimación del organismo
