Según lo informado, la firma formalizó los despidos mediante el envío de telegramas sin preaviso, lo que habilita el reclamo por el pago íntegro de las compensaciones establecidas en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La medida alcanzó tanto a la planta de Goya como a la que la empresa posee en la localidad chaqueña de Villa Ángela.
Durante los días previos al cierre definitivo, parte del personal continuó asistiendo a la fábrica bajo esquemas laborales reducidos y con modificaciones en los turnos habituales, sin información oficial sobre la continuidad de las fuentes de trabajo. Posteriormente, comenzaron a llegar las cartas documento que confirmaron los despidos masivos.
En Goya, cerca de 200 trabajadores se vieron directamente afectados por la decisión empresarial, lo que generó preocupación no solo entre los ex empleados sino también en distintos sectores de la comunidad, debido al impacto económico que el cierre de la industria implica para comercios, proveedores y la actividad productiva local.
El conflicto escaló al plano legislativo, donde diputados nacionales del Partido Justicialista presentaron un proyecto de resolución para expresar el rechazo al cierre de la textil y advertir sobre sus consecuencias sociales. Los legisladores señalaron que el caso se inscribe en un proceso más amplio de desindustrialización, vinculado a la apertura de importaciones y a la falta de políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
En el ámbito empresarial, la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) manifestó su preocupación por el efecto negativo del cierre en la economía regional. Si bien respaldó reformas laborales y tributarias, cuestionó la liberalización comercial sin mecanismos de protección y reclamó una intervención estatal que permita sostener el empleo y la producción.
Con información de Época.
