La elevación a juicio fue dispuesta por el juez federal de Resistencia, Ricardo Mihanovich, luego de un pedido presentado por el fiscal Patricio Sabadini el 23 de octubre.
La investigación, iniciada en 2023, sostiene que el matrimonio Sena-Acuña habría puesto en circulación dinero de origen ilícito, derivado de posibles hechos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con el objetivo de otorgarle apariencia de legalidad. Las sospechas se despertaron tras el allanamiento realizado el 9 de junio de 2023 en la vivienda de los Sena, donde se incautaron seis millones de pesos en efectivo.
En el centro de las acusaciones se encuentra la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, una entidad dedicada formalmente a tareas sociales. Según el Ministerio Público Fiscal, esta fundación habría recibido montos millonarios del gobierno provincial durante la gestión de Jorge Capitanich y habría manipulado sus libros contables para “blanquear dinero ilícito”.
Las cifras expuestas por la fiscalía son significativas: la Fundación recibió más de $50 millones en 2022 (provenientes del IAFEP y el Ministerio de Infraestructura) y otros $186 millones en 2023 (solo desde el IAFEP). La fiscalía argumenta que este proceso resultó en un “significativo incremento patrimonial” que no es compatible con los ingresos declarados por la familia.
El patrimonio incompatible incluye cinco camionetas Toyota Hilux, varios vehículos de gran porte, entre ellos camiones y un tractor, una moto, 66 hectáreas a nombre de Emerenciano Sena, y cuatro propiedades. Además, la acusación detalla que el matrimonio realizó múltiples viajes internacionales a Italia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El avance de esta causa federal se da apenas días después de que la pareja y su hijo recibieran prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Fuente: MyC
