La fiscal Ingrid Wenner solicitó la elevación a juicio de la causa contra Raúl Canteros, vocal del Directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), por el presunto delito de concusión doblemente agravado. La acusación se basa en la denuncia de su sobrino, quien afirma que Canteros le exigió aportes económicos para financiar al radicalismo local.
Según el requerimiento fiscal, Canteros, quien responde políticamente al gobernador Leandro Zdero, habría solicitado a su sobrino Rodrigo Vallejos dos transferencias bancarias por un total de $600.000. Vallejos había sido designado en un puesto de gabinete en el organismo a pedido del propio Canteros. La acusación detalla que, a cambio del nombramiento, Vallejos debía entregar una parte de su sueldo.
El caso tomó relevancia cuando el denunciante se negó a continuar con los pagos. En respuesta, Canteros solicitó su baja y designó en su lugar a su propio hijo, Edgar Canteros, lo que el artículo señala como un claro caso de nepotismo. En los mensajes de WhatsApp presentados como prueba, Canteros le habría dicho a su sobrino que el dinero era para “repartir la plata entre los que quedaron sin contrato” y para “hacer política”, mencionando que otros militantes de Fontana también colaboraban.
Canteros, un comisario retirado que asumió el cargo en reemplazo del actual jefe de Policía, Fernando Romero, se defendió alegando que los pagos eran voluntarios y tenían una “función social”, como ayudar a un merendero. Sin embargo, los testimonios de otras personas supuestamente beneficiadas por el reparto de dinero contradicen su versión, al negar que los pagos fueran una imposición política.
El delito de concusión implica que un funcionario público exige o solicita de manera indebida una contribución o dádiva abusando de su cargo, y tiene una pena que va de uno a seis años de prisión.
Ante la gravedad de los hechos, la Asociación Gremial del InSSSeP presentó una nota solicitando que el Directorio del organismo se constituya como querellante en la causa. El sindicato remarcó la importancia de no “silenciar ni encubrir situaciones delictuales” y recordó que el Código Procesal Penal del Chaco obliga a las entidades estatales a querellar en casos que comprometan su patrimonio o seguridad jurídica.
