La medida fue comunicada formalmente al tribunal por las autoridades penitenciarias, lo que motivó la intervención del juez Enrique Jorge Bosch, quien dispuso que se adopten todos los recaudos previstos en la Ley 24.660 sobre ejecución de la pena.
La resolución, notificada este jueves, ordena a la unidad carcelaria garantizar el contralor permanente del estado de salud del imputado, producir informes médicos regulares y, en caso de ser necesario, solicitar la autorización judicial para medidas específicas. También se dispuso que se comunique la situación a la defensa para las acciones que estime pertinentes.
López enfrenta un proceso judicial de gran magnitud, donde se lo acusa junto a parte de su familia por los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y lavado de activos. Tras la audiencia preliminar celebrada este mes, el fiscal federal Federico Carniel confirmó que el juicio oral comenzará el 8 de abril de 2026 y que se presentarán 32 testigos para sostener la acusación. Durante la audiencia, la defensa planteó objeciones técnicas, entre ellas una pericia contable, que fueron rechazadas por la Fiscalía.
Con la huelga de hambre, el caso suma un nuevo capítulo de tensión en la antesala del juicio. La Justicia subrayó que el proceso debe avanzar lo antes posible para dar respuesta a las acusaciones y resolver la situación de los imputados. Mientras tanto, el estado de salud de López quedará bajo estricta vigilancia médica dentro del penal federal de Resistencia, en cumplimiento de las normas de resguardo humanitario que rigen en este tipo de medidas de protesta.
