El Gobierno de Javier Milei decidió responder al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad con una ofensiva contra periodistas y medios de comunicación. Mientras los audios que comprometen a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem circulaban en la opinión pública, la reacción oficial no fue dar explicaciones ni garantizar transparencia, sino pedir cárcel para quienes difundieron las grabaciones y exigir allanamientos a las redacciones. De este modo, el Ejecutivo optó por una estrategia de amedrentamiento que recuerda a los peores antecedentes de censura en la Argentina.
La medida cautelar obtenida por el Gobierno, dictada por el juez Patricio Maraniello, prohíbe la publicación de cualquier nuevo audio vinculado al caso. En paralelo, el propio presidente Javier Milei y su vocero Manuel Adorni insistieron en que se trató de una “operación de inteligencia ilegal”, evitando referirse de manera directa al contenido de las grabaciones. Lo cierto es que en esos audios ya se habían escuchado referencias preocupantes sobre el funcionamiento interno de la Casa Rosada y la posible participación de Karina Milei en maniobras de corrupción con fondos destinados a la compra de medicamentos.
En un paso aún más grave, la ministra de Seguridad, PatriciaBullrich, presentó una denuncia penal contra los periodistas que difundieron los audios y solicitó allanamientos en medios como Carnaval Stream, que difundió el material en el que se describía la presunta red de coimas en la Andis. El pedido incluye la incautación de discos rígidos, servidores y toda la documentación vinculada a la investigación periodística. Se trata de una acción que, lejos de esclarecer los hechos, consolida la sospecha de que el Gobierno busca encubrir un escándalo que lo golpea en su núcleo de poder.
Las organizaciones de prensa, junto con periodistas y referentes de la comunicación, denunciaron este accionar como un atropello a la libertad de expresión y un intento de instaurar un régimen de censura previa. La represión judicial contra quienes informan sobre posibles delitos de funcionarios públicos es un retroceso alarmante en materia de derechos democráticos. Los mismos dirigentes que en campaña se presentaron como defensores de la “libertad” ahora despliegan un aparato estatal para silenciar críticas e impedir el acceso a información de interés público.
El trasfondo político es evidente: en lugar de dar explicaciones sobre el entramado de corrupción en un área tan sensible como la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno opta por victimizarse y acusar conspiraciones. Milei, lejos de asumir responsabilidades, refuerza un discurso de persecución interna mientras su ministra de Seguridad persigue a periodistas con la misma energía que debería destinarse a investigar los hechos de corrupción. La hermana del presidente, Karina Milei, aparece cada vez más comprometida, pero el oficialismo elige atacar al mensajero antes que esclarecer los hechos.
A un mes de las primeras filtraciones, el caso se transformó en un termómetro del verdadero carácter del gobierno libertario: lejos de fortalecer las instituciones, recurre a la Justicia como herramienta de disciplinamiento político y mediático. La democracia se debilita cuando los funcionarios buscan callar a la prensa en lugar de rendir cuentas. Con cada paso dado en esta dirección, Milei y Bullrich consolidan un escenario de persecución y censura que no solo agrava la crisis política del oficialismo, sino que hiere de lleno a la libertad de expresión en la Argentina.
