Caso Magis TV en Argentina: quién es el empresario imputado

En el centro del expediente aparece un nombre propio: Ulises Jorge Velázquez, empresario del sector telecomunicaciones, acusado de ser uno de los principales revendedores mayoristas del servicio.

Velázquez es dueño de UV Mundo Digital, un proveedor de servicios de Internet con base en Chubut. Según la documentación incorporada a la causa y la cobertura judicial, se trata de una empresa legalmente habilitada por ENACOM e integrante de CABASE, la cámara que nuclea a ISPs regionales.

Ese dato es clave: por primera vez, la Justicia argentina investiga de manera directa la hipótesis del “doble rol”. Es decir, un operador que funciona dentro del ecosistema formal de conectividad, pero que al mismo tiempo habría comercializado masivamente accesos a un servicio ilegal de IPTV.

La causa se tramita en San Isidro y forma parte de una ofensiva más amplia contra redes de IPTV ilegal en la región, en línea con acciones internacionales como la Operación 404.

Entre los hitos principales se destacan:

– Allanamientos simultáneos en Chubut, Río Negro y Mendoza
– Secuestro de TV Box, celulares, computadoras y documentación
– Identificación de marcas, alias y revendedores de “alta gama”
– Bloqueo de dominios y URLs vinculadas a Magis TV

Uno de los puntos más relevantes fue una resolución judicial que ordenó medidas técnicas inéditas: bloqueo y deshabilitación del funcionamiento de la aplicación en dispositivos Android con IP argentina. En la práctica, la Justicia avanzó sobre el funcionamiento tecnológico del servicio, no solo sobre sus operadores humanos.

La imputación principal está vinculada a la Ley de Propiedad Intelectual (11.723). Según la fiscalía, Velázquez habría vendido miles de cuentas de Magis TV Pro, una APK que permite acceder sin licencia a señales deportivas, películas y series protegidas por derechos de autor.

La investigación también reconstruyó el circuito financiero del negocio: transferencias bancarias y billeteras virtuales por montos que, según lo publicado, superarían los 160 millones de pesos, con miles de operaciones vinculadas a la comercialización del servicio.

En términos judiciales, no se lo investiga como usuario ni como revendedor minorista, sino como nodo comercial relevante dentro del esquema de distribución.