La reforma cuenta con el apoyo de los gobernadores de las provincias mineras, independientemente de su partido político, .
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo plantea cambios a la ley 26.639 – sancionada en 2010- de presupuesto mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial con el fin de otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios a la hora de cerrar contratos para la explotación de minerales como el cobre.
El poryecto cuenta con dictamen y sostiene que los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario Nacional de Glaciares, siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLIA —organismo responsable del relevamiento oficial— “deberá eliminarlo” del registro.
La modificación va en desmedro de la actual normativa que prohíbe el desarrollo de actividades como la minería cuando un glaciar o ambiente periglacial está incorporado al inventario nacional. Este artículo generaba cuestionamientos en gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) e incluso el peronista Raúl Jalil (Catamarca) porque prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en dichas zonas. También prohíbe la construcción de obras o infraestructuras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
Pese a la crítica de ambientalistas e investigadores que advierten la creciente perdida de hielo en los glaciares de la Patagonia, el oficialismo confía en tener los 37 senadores para poder avanzar con la iniciativa.
Los glaciares son los que más agua dulce pierden en todo el hemisferio sur. Según los datos aportados por IANIGLA, de las 96 cuencas hídricas que tiene la Argentina, 36 cuencas son alimentadas por 16.968 glaciares.
