Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordaron por unanimidad exigir por la vía judicial el cumplimiento de la normativa. Por su parte, la autoridad de la UNNE, Omar Larroza, aseveró que se necesita de previsibilidad presupuestaria y que “nos encontramos con un escenario mucho más complejo que el que esperábamos porque el ajuste es brutal”, aseveró.
Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N°27.795).
Rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza.
“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa.
Ayer, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Financiamiento. Sin embargo, no la aplicará. La Casa Rosada argumentó que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley Nacional 24.629, toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento correspondiente. En caso contrario, la normativa indica que “quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.
Tanto para los rectores como para las federaciones sindicales esto es al menos discutible. Es por ello que recurrirán a la Justicia ya que se incurriría en una injerencia en otro poder, en este caso, el Legislativo.
