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La ministra de Seguridad volvió a estar en el centro de la polémica este martes con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial (BO). Una de ellas aprueba un protocolo para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales –es decir, de aquellos que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos. La otra, dispone la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de los infiltrados.
“Autorizan a los integrantes de las fuerzas a inventar perfiles truchos para infiltrarse en redes y tentar gente a decir cosas. Con las últimas resoluciones o decretos, están tapando agujeros por donde entraba el agua. Están aumentando las facultades de las fuerzas y legalizando lo que venían haciendo de manera irregular”, advierte María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Los infiltrados de Bullrich
En 2016, mientras Bullrich también ocupaba el Ministerio de Seguridad, se aprobó la ley 27.319 para la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Esta norma regula el funcionamiento de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, entre otras
Según la ley, un agente encubierto es “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba para la investigación, con organización judicial”.
La infiltración genera muchas controversias en los tribunales y en la academia. Alejandro Slokar, camarista federal de Casación, tiene escrito en su Manual de Derecho Penal que los agentes policiales tienen la obligación de perseguir delitos, no de suscitarlos.
En noviembre pasado, Bullrich había firmado la resolución 1253 a través de la cual creó la Unidad Especial de Agentes Encubiertos del Ministerio de Seguridad, que aunque no funciona como un reservorio de agentes sino como un enlace con el sistema de justicia, es un reservorio de información.
La Unidad tiene varias funciones. Entre ellas, identificar a los agentes con aptitudes dentro de las fuerzas federales; generar una base única de infiltrados; supervisar el curso de la especialidad y promover la utilización del agente encubierto.
De acuerdo con la resolución 828 –que se publicó este martes–, el procedimiento para que actúen los agentes encubiertos es el siguiente:
- La Unidad recibe un oficio judicial pidiendo infiltrar a un efectivo;
- La Unidad le pide a la fuerza que seleccione a una persona;
- La propuesta tiene que ser avalada por Soto. Si no pasa ese “control de calidad”, debe elegirse a otra persona;
- El agente designado se inventa una historia ficticia de vida y envía una nota aceptando el cargo;
- La Unidad le pide a la Vicejefatura de Gabinete que le de vida a esta identidad ficticia al incorporar los datos inventados al Registro Nacional de las Personas (Renaper);
- Excepcionalmente, la dirección nacional a cargo de Soto puede autorizar al agente a seguir usando la identidad ficticia una vez terminada la misión.
Bullrich también creó un consejo académico para la formación y capacitación de agentes encubiertos. Será presidido por el juez Ricardo Basílico, que integra el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires y subroga en el TOF1 de La Plata, donde interviene en distintos procesos por crímenes de lesa humanidad. Basílico, además, fue parte de la comisión que creó el Gobierno para reformar el Código Penal.
Myriam Bregman, dirigente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sugiere mirar el contexto de disputa dentro del oficialismo para entender por qué Bullrich no deja de avanzar casilleros. “Todo indica que hay una interna feroz en el Gobierno, donde cada sector se arma su propio grupo de inteligencia y eso es muy peligroso –más allá de que, en este contexto de ajuste y donde los niños y niñas pasan hambre, es una ofensa mayor que gasten millones en su pequeña guerra de bolsillo y servicios para perseguir y espiar. Esto demuestra que el Gobierno está debilitado”.
Fuente: Página 12
