La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad provocó una fuerte movilización en la comunidad de Fontana, donde padres, profesionales y docentes del centro educativo terapéutico Casa Grande de Fontana se manifestaron para expresar su profunda preocupación. La institución, que atiende a unas 300 personas con discapacidad, advierte sobre el impacto que esta medida podría tener en la continuidad de los tratamientos y el bienestar de los pacientes.
Adriana Ovejero, una de las profesionales de Casa Grande, señaló que la falta de respuestas se extiende tanto a nivel nacional como provincial, mencionando que “nos han cerrado todas las puertas” y que no tienen un canal formal para dirigir sus reclamos.
Dijo también que, aunque su Centro no trabaja con obras sociales como PAMI e Insssep, el problema es de alcance nacional y afecta a todos los centros, incluyendo aquellos que sí dependen de estas entidades.
Más adelante Ovejero indicó que si bien está en contacto con los senadores Víctor Zimmermann y Antonio Rodas, es necesario que “la comunidad se mantenga activa a través de marchas y la difusión en redes sociales, buscando una respuesta pacífica y efectiva para revertir el veto presidencial”.
