La medida apunta a enfrentar uno de los desafíos más profundos de la educación contemporánea: la distracción permanente causada por el uso de dispositivos móviles en el aula.
La norma abarca todos los niveles educativos, desde educación parvularia hasta la enseñanza media, y establece que los estudiantes no podrán utilizar sus celulares durante las actividades curriculares dentro del establecimiento.
La intención es clara: mejorar la concentración, reducir interrupciones y promover un entorno de aprendizaje más sólido, en un contexto donde la hiperconectividad ya muestra efectos negativos sobre la atención y el rendimiento académico.
Experimentos internacionales y estudios comparativos vienen advirtiendo desde hace años sobre el deterioro cognitivo asociado al multitasking digital, un problema que también preocupa en Argentina.
La ley contempla excepciones estrictas:
- Casos de emergencias.
- Estudiantes con condiciones de salud o necesidades educativas especiales que requieran monitoreo tecnológico.
- Actividades donde el uso del dispositivo sea pedagógicamente justificado y autorizado por la institución.
Expertos en educación consultados por La Tercera (2025) señalan que, aunque la medida implica un cambio cultural profundo, podría generar mejores resultados en convivencia escolar, menos bullying digital y una recuperación de la interacción social directa entre los estudiantes.
Para la región, el caso chileno podría convertirse en un precedente clave. En un momento donde muchos sistemas educativos discuten el impacto de la tecnología en el aula, Chile opta por un modelo de regulación estricta. Resta ver si otros países —incluida la Argentina— avanzan en la misma dirección.
