El cierre lo dispuso el Ministerio de Educación del Chaco luego de constatar inconsistencias administrativas, financieras y pedagógicas. “De los 99 docentes que declararon, solo pudimos corroborar que hay 10 personas están trabajando en la institución”., dijo el director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño.
Entre las irregularidades detectadas figura la existencia de personal que cobraba sueldos en simultáneo en Chaco y Santa Cruz, situación que motivó una denuncia penal por malversación de fondos presentada el 29 de octubre. “Había docentes declarados que percibían haberes por ambas provincias, lo cual es inadmisible”, agregó el funcionario.
Según se informó, el aporte estatal a la Fundación Valdocco alcanzaba los 129 millones de pesos mensuales, entre salarios y contribuciones.
Además, en la institución se encontraban 25 menores de edad, alojados bajo régimen de albergue, lo que motivó la intervención de organismos de protección de la infancia. “Estos chicos están fuera del sistema educativo y la fundación no cuenta con protocolos de revinculación familiar ni supervisión adecuada“, advirtió Ereño.
A pesar de la clausura determinada por el Ministerio de Educación, una medida cautelar dictada el 30 de octubre ordenó al organismo continuar con los pagos a la fundación. “Estamos obligados a acatar la decisión judicial, pero sostenemos que no se puede seguir transfiriendo dinero sin respaldo documental”, indicó Ereño.
La Fundación Valdocco fue creada por el sacerdote Juan Carlos Molina, exfuncionario del gobierno nacional y actual diputado electo por Santa Cruz. En Chaco administraba centros en Puerto Bermejo y en la zona del Impenetrable, destinados a jóvenes con problemas de consumo y comunidades originarias. “La institución no ha brindado respuestas ni documentación, y su exdirector Molina dejó el cargo en agosto sin acreditar formalmente la desvinculación”, precisó el funcionario.
El Ministerio mantiene su posición de supervisar el destino de los fondos públicos y garantizar la protección de los menores afectados mientras avanza la investigación judicial.
