El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes la apertura de una causa judicial para investigar la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia ilegal que habría incluido la grabación de conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas las de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, rechazó el pedido para allanar los domicilios de los periodistas que difundieron el material.
En su dictamen, Stornelli remarcó que la pesquisa “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”. Y agregó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
La decisión del fiscal respondió a un planteo del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había reclamado el allanamiento del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente. El letrado también pretendía que se requisaran las viviendas de periodistas vinculados a esas emisiones y de empresarios asociados a la firma propietaria del medio.
