La causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un salto en las últimas horas: el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en al menos 15 domicilios y oficinas públicas, en el marco de una investigación sobre contrataciones irregulares y presuntos sobornos. En los operativos se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y hasta una máquina cuenta-billetes, según fuentes judiciales.

El caso estalló tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y abogado personal del presidente Javier Milei. En esas grabaciones, cuya autenticidad aún debe ser verificada por la Justicia, se describe un supuesto “retorno del 8%” en contratos de medicamentos, y se mencionan tanto a la distribuidora Suizo Argentina como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su operador político de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

Frente a la presión pública, el Gobierno desplazó a Spagnuolo de su cargo y negó que exista una red de corrupción dentro de la Casa Rosada, aunque admitió que la Justicia debe esclarecer los hechos. Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia formal en la que reclama que se investiguen los presuntos sobreprecios y retornos en las compras estatales.
La investigación ya dejó medidas cautelares: uno de los exfuncionarios involucrados recibió la prohibición de salir del país, mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados. En el plano político, la oposición prepara pedidos de interpelación en el Congreso y no descarta convocar a Karina Milei para dar explicaciones.